Las Reglas
de Brasilia: acceso a la justicia para las personas en situación de
vulnerabilidad
The Brasilia Rules: Access to Justice for Vulnerable
People
Ivan Andy Ullauri Ocampo1,a
1. Ministerio Público - Fiscalía
de la Nación, Lima, Perú.
- Licenciado en Derecho.
ORCID: https://orcid.org/0000-003-6365-6590
Contribución de los autores
IAUO: conceptualización,
curación de datos, análisis formal, investigación, redacción, revisión y
edición.
Fuentes de
financiamiento
La
presente investigación fue autofinanciada.
Conflictos de
interés
El autor declara no
tener conflictos de interés.
Citar como: Ulluari Ocampo, I. A. (2025).
Las Reglas de Brasilia: acceso a la justicia para las personas en
situación de vulnerabilidad. Revista Jurídica
Peruana, Desafíos en derecho, 2(1), 65-77. doi: https.//doi.org/10.37711/RJPDD.2025.2.1.8
RESUMEN
La implementación
de las Reglas de Brasilia es fundamental para asegurar el acceso a la justicia de
las personas en situación de vulnerabilidad en América Latina. Este estudio fue de enfoque
cualitativo, de tipo descriptivo-analítico, basado en el análisis documental y jurisprudencial de investigaciones académicas publicadas en revistas científicas
indexadas, las cuales fueron procesadas mediante el programa para el análisis
de datos cualitativos Atlas.ti. Para la interpretación de los resultados se utilizaron
categorías de análisis, como barreras estructurales, inclusión judicial,
voluntad institucional, formación judicial, impacto percibido y normativa. Aunque
se han incorporado formalmente las Reglas en los marcos normativos nacionales,
persisten desigualdades estructurales, resistencia institucional y brechas
tecnológicas, especialmente en zonas rurales. Así, mismo, respecto a los países
analizados, estos también presentan importantes desafíos, como la desigualdad territorial en la aplicación, la falta de recursos y la
ausencia de políticas públicas sostenidas. Se ha evidenciado una inflación
normativa con déficit práctico y una débil sostenibilidad de las medidas
adoptadas. El acceso efectivo a la justicia aún depende de la voluntad
política, la asignación presupuestal y la formación continua. Las Reglas de
Brasilia representan un avance, pero su impacto real requiere una
implementación articulada, con participación ciudadana y evaluación externa
constante.
Palabras clave: derechos humanos; Reglas de Brasilia;
inclusividad; justicia; vulnerabilidad.
ABSTRACT
The implementation of the Brasilia Rules
is essential to ensure access to justice for vulnerable people in Latin
America. This study was qualitative in nature, descriptive-analytical in type,
based on documentary and jurisprudential analysis of academic research
published in indexed scientific journals, which were processed using the
Atlas.ti qualitative data analysis program. To interpret the results,
categories of analysis were used, such as structural barriers, judicial
inclusion, institutional will, judicial training, perceived impact, and
regulations. Although the Rules have been formally incorporated into national
regulatory frameworks, structural inequalities, institutional resistance, and
technological gaps persist, especially in rural areas. Similarly, the countries
analyzed also face significant challenges, such as territorial inequality in
implementation, lack of resources, and the absence of sustained public policies.
There has been evidence of regulatory inflation with practical deficits and
weak sustainability of the measures adopted. Effective access to justice still
depends on political will, budget allocation, and ongoing training. The
Brasilia Rules represent progress, but their real impact requires coordinated
implementation, with citizen participation and constant external evaluation.
Keywords: human rights; Brasilia Rules; inclusiveness; justice; vulnerability.
INTRODUCCIÓN
El
acceso a la justicia es un principio rector del Estado de derecho y una
condición para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. No obstante,
millones de personas en América Latina enfrentan obstáculos sistemáticos para
hacer valer sus derechos ante los sistemas judiciales, especialmente aquellas
en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niños, personas con discapacidad,
pueblos indígenas, personas privadas de libertad y personas migrantes, entre
otros. En este contexto, las Reglas de Brasilia surgieron como una respuesta del
poder judicial iberoamericano a la necesidad de establecer estándares comunes
que orienten el tratamiento de estas poblaciones en el marco de los procesos
judiciales. A más de una década de su adopción, resulta pertinente evaluar su
implementación y desafíos persistentes en la región.
Este instrumento normativo es clave porque reconoce
que los sistemas judiciales constituyen el último recurso de los ciudadanos
para la defensa de sus derechos, siendo especialmente relevantes para quienes
enfrentan barreras múltiples. Como sostiene la Cumbre
Judicial Iberoamericana (2014), las Reglas de Brasilia no ofrecen una
definición cerrada de vulnerabilidad, sino que identifican factores que pueden
constituirla, sin excluir otros que puedan surgir según las particularidades de
cada país.
En América Latina, los
sistemas judiciales aún presentan limitaciones para garantizar un acceso
efectivo y en condiciones de igualdad a las personas vulnerables. Factores como
la discapacidad, la discriminación de género, la pobreza, la violencia
estructural y las barreras culturales o lingüísticas siguen dificultando el
ejercicio pleno de los derechos (Conferencias
Magistrales, 2024). En la misma línea, Hurtado
(2024) subraya que estas reglas buscan asegurar que ninguna persona sea
privada de protección judicial por motivos de vulnerabilidad. A ello se suma el
precedente del caso Airey vs. Irlanda
(1979), citado por Pezo et al. (2024), en el
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó la existencia de barreras
legales y económicas que impedían a personas de escasos recursos ejercer
plenamente su derecho a la justicia.
A nivel regional, se han desarrollado distintas
experiencias. En Colombia, la Corte Constitucional ha desarrollado una línea
jurisprudencial robusta en la materia, utilizando las Reglas de Brasilia como
parámetro hermenéutico en casos emblemáticos relacionados con desplazamiento forzado
(Sentencia T-025/04), mujeres víctimas de violencia
sexual (Sentencia T-301/16) y población carcelaria (Sentencia T-762/15). Estas
decisiones han impulsado la creación de protocolos judiciales para garantizar
el trato preferente, la protección reforzada y la accesibilidad material a los
servicios de justicia. En esa misma línea, Redondo
(2019) reporta una revisión sustantiva de los procedimientos judiciales
tradicionales, incluyendo la implementación de asistencia legal gratuita,
formación especializada y adecuaciones procesales.
En México, el Poder Judicial de la Federación ha
desarrollado instrumentos normativos complementarios que refuerzan la
aplicación de estas reglas. Entre ellos, destacan los lineamientos generales
para la actuación del personal jurisdiccional en casos que involucren a
personas en situación de vulnerabilidad (Consejo de la
Judicatura Federal, 2020), los cuales ordenan adecuaciones razonables en
los procesos judiciales, así como el uso de lenguaje claro, la asistencia legal
gratuita y la implementación de medidas de protección diferenciadas. Estos lineamientos han sido reforzados por la
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Amparo en
Revisión 356/2020, donde se enfatiza que la omisión de ajustes procesales en
favor de personas con discapacidad constituye una forma de discriminación
estructural. Sumado a ello, Barahona y Barzola (2024) destacan, no obstante, el avance en el diseño de un sistema
jurídico más inclusivo, con atención a las desigualdades estructurales, lo cual
ha generado condiciones más equitativas para el acceso a la justicia.
En Argentina, Carrera y
Escalante (2017) documentan un proceso de implementación que ha incluido
capacitación en derechos humanos, acceso gratuito a la justicia y reformas en
los procedimientos para atender a los grupos vulnerables. A pesar de estos
avances, el estudio identifica una resistencia persistente por parte de algunos
operadores judiciales a adaptar sus prácticas, así como la falta de requisitos
normativos específicos que garanticen la aplicación uniforme de las Reglas.
De igual modo, en Brasil, Gonet
(2020) destaca que las Reglas de Brasilia han impulsado transformaciones
orientadas a la inclusión de personas tradicionalmente excluidas del sistema,
como indígenas, personas con discapacidad o víctimas de violencia. Fernández (2019) añade que, si bien se han creado
servicios especializados como tribunales de familia y centros de apoyo legal
gratuito, la aplicación efectiva de las reglas presenta limitaciones
importantes en zonas rurales, donde persisten barreras geográficas y
económicas.
En el contexto peruano, el Poder judicial del Perú
(2020) aprobó la Resolución Administrativa N.º 000198-2020-CE-PJ,
mediante la cual se dispone la incorporación obligatoria de las Reglas de
Brasilia como estándar interpretativo para jueces de todos los niveles. Así mismo,
la Casación N.º 1672-2017/Puno (2017) estableció
que el principio de igualdad implica un deber activo del Estado de remover
barreras que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, con especial
énfasis en personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia y
poblaciones indígenas.
Pese a estos avances, los sistemas judiciales
latinoamericanos continúan mostrando limitaciones significativas para cumplir
con los estándares internacionales. En muchos casos, las medidas de inclusión
son adoptadas de forma parcial, carecen de sostenibilidad presupuestal o se
implementan sin mecanismos claros de seguimiento y evaluación. A ello se suma
una resistencia institucional al cambio, alimentada por prácticas burocráticas
arraigadas, escasa capacitación especializada y una cultura jurídica centrada en
el formalismo procesal. Esta situación genera una brecha entre el
reconocimiento normativo del derecho a la justicia y su ejercicio efectivo,
especialmente para los sectores históricamente marginados.
Impacto
normativo de las Reglas de Brasilia
Las Reglas de Brasilia han tenido un impacto
significativo en la protección de los derechos humanos de personas en situación
de vulnerabilidad, al constituirse como un marco normativo orientado a
facilitar su acceso efectivo a la justicia. Según Argés
(2018), estas reglas permiten superar obstáculos derivados de condiciones
sociales, económicas o físicas que impiden el ejercicio pleno de derechos. Por su parte, Balanta et al. (2014) destacan que uno de los ejes fundamentales
del documento es la formación de jueces y operadores jurídicos, quienes deben
ser capacitados para atender adecuadamente a los sectores vulnerables. Este
enfoque ha contribuido a fortalecer la justicia social en la región, no solo
facilitando el ingreso de estas personas al sistema judicial, sino también
promoviendo un trato digno y respetuoso. Sin embargo, como señalan Timana y Vega (2023), aún persisten desafíos
importantes en la implementación efectiva de las reglas, tales como la escasez
de recursos, la falta de voluntad institucional y la resistencia al cambio en
algunos órganos judiciales.
Así mismo,
Dabove (2024) afirma
que el marco normativo de las Reglas de Brasilia se fundamenta en los
principios de igualdad, no discriminación y acceso universal a la justicia. Esta base jurídica permite establecer directrices claras
que orientan la adecuación de los procedimientos y promueven la gratuidad de la
asistencia jurídica a personas con discapacidad, pueblos indígenas y adultos
mayores. Hasanbegovic (2016) complementa esta
visión al resaltar la importancia de sensibilizar a los actores judiciales
respecto a los derechos de estos grupos, como paso clave hacia un sistema más
justo e inclusivo.
Las Reglas de
Brasilia y la inclusión judicial
Las Reglas de Brasilia constituyen una herramienta
clave para promover la inclusión judicial de personas en situación de
vulnerabilidad. A través del establecimiento de directrices claras y
procedimientos adaptativos, este marco normativo busca garantizar que los
sistemas judiciales respondan adecuadamente a las necesidades particulares de
quienes enfrentan condiciones de desventaja, como personas con discapacidad o
pertenecientes a pueblos indígenas (Ramírez, 2021).
Este conjunto de normas
propone medidas concretas, como la provisión de asistencia jurídica gratuita,
la simplificación de los procedimientos legales, la formación especializada de
operadores del sistema de justicia y la aplicación de un formato de lectura fácil
(Peña, 2018). Estas acciones no solo permiten que
los sectores vulnerables accedan al aparato judicial, sino que también aseguran
el ejercicio efectivo y pleno de sus derechos (Corte
Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 2008).
En este sentido, su
aplicación se convierte en un catalizador para fortalecer una justicia más
inclusiva en América Latina. La normativa busca remover obstáculos
estructurales tales como barreras económicas, culturales o institucionales, que
históricamente han marginado a determinados grupos sociales. Según Sousa (2020), este enfoque pretende asegurar que la
justicia sea realmente asequible, alcanzable y equitativa. Así mismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2005)
destaca la necesidad de reducir las brechas de acceso, especialmente entre
las personas en condición de pobreza, cuya relación con el sistema judicial es
muchas veces inexistente o meramente formal.
Derecho y condición de vulnerabilidad
El vínculo entre el derecho y la vulnerabilidad
resulta fundamental para entender cómo deben estructurarse los sistemas
normativos que buscan proteger a quienes se encuentran en condiciones de
desventaja. Según Bregaglio (2014) y Ramos (2019), la
vulnerabilidad no se limita a la incapacidad de acceder a la justicia, sino que
también implica la existencia de barreras que restringen el ejercicio pleno de
los derechos, lo cual se relaciona directamente con el principio de no
discriminación.
Jabur
(2021) afirma
que el derecho a la justicia debe garantizarse mediante mecanismos adaptativos
que impidan cualquier forma de exclusión. Las normas jurídicas deben, por
tanto, asumir una función reparadora frente a las desigualdades estructurales,
asegurando que la condición de vulnerabilidad no se convierta en un factor de
marginación adicional.
En el contexto
latinoamericano, caracterizado por profundas brechas económicas y sociales, la
pobreza se configura como una de las principales causas de vulnerabilidad (Salazar, 2022). Aunque la región
no es la más pobre del mundo, es considerada la más desigual, lo que genera
condiciones sistemáticas de exclusión y marginación para vastos sectores de la
población. Ribotta (2012) subraya que, ante estas
situaciones de desigualdad real, es indispensable aplicar medidas
compensatorias que eliminen las barreras que impiden una defensa efectiva de
los derechos fundamentales.
Desde una perspectiva
más amplia, el Tribunal Constitucional del Perú (2004) resalta
la importancia de preservar los derechos fundamentales en contextos de crisis
económica, sanitaria o social, donde la población más vulnerable se ve
doblemente afectada. Además, las Reglas de Brasilia introducen el enfoque de
interseccionalidad como herramienta para comprender cómo diferentes formas de
discriminación se entrelazan y potencian entre sí (Carastathis,
2016; Grzanka, 2019). Este concepto, desarrollado por Kimberlé Crenshaw y
adaptado al análisis jurídico en América Latina (Cho et
al., 2013), permite visibilizar cómo factores como la pobreza, el género,
la etnicidad o la discapacidad interactúan para crear formas complejas de
exclusión (Romero, 2018).
Como sostiene Burgos (2013), cada país debe delimitar sus propios
criterios de vulnerabilidad en función de su desarrollo social, cultural y
económico. En este sentido, situaciones como la migración, la victimización, la
discapacidad, la pertenencia a un pueblo indígena o la privación de libertad
representan condiciones particularmente sensibles (Ruiz,
2012). La privación de libertad, en particular, implica una forma agravada
de vulnerabilidad, reconocida tanto por el sistema interamericano como por los
estándares europeos de derechos humanos (Bernales, 2019).
Díaz
(2018) y Espinosa (2015) coinciden, por otra parte, en que la
vulnerabilidad se relaciona estrechamente con el riesgo, entendido este como
una situación de fragilidad ante contextos adversos que pueden generar
consecuencias graves y sostenidas en el tiempo. La ruptura del equilibrio
social expone a determinadas personas a ciclos continuos de exclusión, lo que
exige respuestas institucionales urgentes y diferenciadas.
El desafío de garantizar la justicia para todos
El acceso pleno y equitativo a la justicia continúa
siendo uno de los principales desafíos para los sistemas jurídicos en América
Latina. A pesar de los avances normativos en materia de derechos humanos,
persisten barreras estructurales que dificultan el ejercicio efectivo de los
derechos fundamentales por parte de grupos en situación de vulnerabilidad.
Estas barreras no solo son materiales o institucionales, sino también
simbólicas y jerárquicas, lo que contribuye a perpetuar la exclusión de quienes
se encuentran en desventaja social, económica o física. Ante ello, las Reglas
de Brasilia surgen como un instrumento esencial orientado a revertir dichas
desigualdades mediante medidas concretas, como la simplificación de los
procedimientos judiciales, la asistencia legal gratuita y la formación
especializada de los operadores jurídicos (Corte IDH,
2008).
Uno de los principales desafíos
identificados es la brecha social entre quienes imparten justicia y quienes
requieren acceder a ella. García (2019) advierte
que muchos actores judiciales provienen de sectores medios o altos, con acceso
privilegiado a educación formal, lo cual genera una distancia sociocultural
respecto de los sectores vulnerables, mayoritariamente empobrecidos (Oviedo, 2022). Esta distancia se manifiesta también
en el lenguaje técnico utilizado durante los procesos, que resulta
incomprensible para muchos ciudadanos, convirtiéndose en una barrera más,
generada por el propio sistema judicial. En consecuencia, la exclusión no solo
es efecto de la pobreza, sino también de un diseño institucional que no
considera las condiciones reales de quienes acuden en busca de justicia.
En el ámbito de la
ejecución penal, la Corte IDH ha recomendado la implementación de ajustes
razonables en los procedimientos cuando se trate de personas con discapacidad,
con el fin de suprimir barreras que impidan el ejercicio efectivo de sus
derechos. Molina (2005) destaca que la normativa
mexicana ha incorporado estas recomendaciones, reconociendo la especial
situación de las personas con discapacidad privadas de libertad. Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2021)
subraya que factores como la procedencia étnica y el nivel socioeconómico
continúan siendo causas de desigualdad en el trato judicial.
En este contexto, el
presente estudio se planteó como objetivo analizar la implementación de las Reglas de Brasilia
en el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad en
América Latina, dado que estas reglas son
propulsadas por el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, el cual trata
de garantizar que los aparatos judiciales brinden condiciones suficientes para
todas las personas, muy independiente de su estado socioeconómico, físico o
mental, con la finalidad
de que estas puedan gozar de sus derechos fundamentales.
Del mismo modo, este
estudio se justifica por su relevancia social y práctica, ya que el impacto de
las Reglas de Brasilia es importante, no solo porque estas reconocen la
existencia de obstáculos sistemáticos que impiden el acceso a la justicia de
las personas en nuestra sociedad, sino porque, además, impulsan medidas
específicas para superarlos, como la
implementación de asistencia legal gratuita, la adaptación de procedimientos
legales a las necesidades de las personas vulnerables y los mecanismos de
creación de protección de las personas inmersas en estos grupos vulnerables. Por
lo que, de esta manera, las Reglas de Brasilia reflejan un progreso crucial y
significativo a la obtención de una justicia equitativa e inclusiva, lo que
contribuye a la igualdad de derechos y la dignidad humana en el contexto de una
justicia disponible para todos (Valdez et al., 2021).
Este estudio se enmarca
en un enfoque cualitativo de tipo descriptivo-analítico, basado en el análisis
documental, jurisprudencial y en la interpretación inductiva de fuentes
primarias y secundarias. El tipo de
investigación del presente estudio enfatizó, conforme lo señalan Veiga et al. (2008), que
indica que “la principal característica de los estudios descriptivos es que se
limitan simplemente a “dibujar” el fenómeno estudiado, sin pretender establecer
ninguna relación causal en el tiempo con ningún otro fenómeno, para lo que
necesitaríamos recurrir a un estudio analítico” (p. 83). Esta investigación cualitativa,
conforme lo señala Piña (2023), nos permitió analizar, interpretar y entender una determinada realidad;
así mismo, nos proporcionó la comprensión de la intersubjetividad, como
procedimiento para alcanzar la verdad de una realidad.
La investigación se
delimitó temporalmente al periodo comprendido entre los años 2008 y 2024,
considerando desde la aprobación formal de las Reglas de Brasilia hasta una
serie de estudios y pronunciamientos recientes que evidencian su aplicación o
limitaciones en diversos países de América Latina. El ámbito geográfico del estudio
se focalizó en América Latina, con referencias específicas a países como
Colombia, México, Argentina, Brasil y Perú, donde se han desarrollado
experiencias relevantes en torno a la implementación de estas reglas. Guerrero
et al. (2017) sostienen
que el escenario de estudio va a permitir que el
investigador pueda acercarse y conocer la organización, características y
funcionamiento del mismo, proponiendo el procedimiento de estudio a realizar y
sumergiéndose dentro del fenómeno para su mejor comprensión. Se empleó un muestreo intencional no probabilístico,
seleccionando documentos normativos, sentencias judiciales y artículos
científicos indexados que tuvieran pertinencia directa con los ejes de análisis:
acceso a la justicia, vulnerabilidad estructural y aplicación judicial de las Reglas
de Brasilia. Las fuentes fueron escogidas por su relevancia jurídica,
actualidad, confiabilidad y diversidad geográfica.
Se utilizó el software Atlas.ti 23 como herramienta de
análisis cualitativo y como un
potente banco de datos (Otzen
y Manterola, 2017). Los
documentos fueron codificados según un sistema de categorías emergentes y
predefinidas: medidas de inclusión judicial, barreras estructurales, impacto
percibido, voluntad institucional, formación de operadores y normativa. El
proceso de codificación permitió la identificación de convergencias y
relaciones conceptuales, que facilitaron la construcción de matrices de
análisis entre países. La técnica de categorización siguió una lógica mixta
(deductiva-inductiva), permitiendo validar las categorías señaladas. Los datos
obtenidos fueron triangulados con el análisis de jurisprudencia y el marco
teórico de derechos humanos.
A continuación, se presenta la matriz de categorías utilizada para efectuar un análisis organizado y facilitar así la identificación de coocurrencias entre factores que afectan el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad (ver Tabla 1).
Esta matriz no solo permitió el análisis estructurado del contenido, sino también la generación de una red semántica mediante la herramienta de Atlas.ti, identificando patrones de relación entre las barreras estructurales, obstáculos sociales, instrumentos jurídicos y el impacto real percibido (ver Figura 1).
A partir del análisis de contenido realizado con Atlas.ti, se obtuvo la siguiente nube de conceptos. Las palabras con mayor tamaño reflejan una alta frecuencia y centralidad semántica en el corpus, destacando términos como “persona”, “derecho”, “justicia”, “acceso” y “obstáculo”, lo que orientó el proceso de codificación y análisis posterior (ver Figura 2).
La nube de conceptos
permitió identificar los nodos centrales del discurso jurídico y normativo en
torno a las Reglas de Brasilia, los cuales fueron organizados en categorías
analíticas. A continuación, se presentan los principales hallazgos distribuidos
en torno a estas categorías, seguidos de una discusión comparativa con estudios
previos y contextos regionales.
La
aplicación del análisis cualitativo permitió identificar diversas categorías,
que reflejan los avances y limitaciones en la implementación de las Reglas de
Brasilia en países de América Latina. Se evidenció que, si bien existe una
incorporación formal de estas reglas en los marcos normativos nacionales,
persisten importantes barreras estructurales que limitan el acceso real a la
justicia para las personas en situación de vulnerabilidad. Estas barreras
incluyen obstáculos económicos, lingüísticos y geográficos, especialmente en zonas
rurales o de difícil acceso, como se ha constatado en regiones amazónicas de
Perú y áreas andinas en Colombia.
Existe un panorama
diverso en cuanto a estrategias de inclusión judicial y superación de barreras
estructurales. Si bien los países de Colombia, México, Argentina, Brasil y Perú
han incorporado formalmente las reglas en sus marcos normativos, los niveles de
efectividad práctica varían sustancialmente y la cobertura de estas acciones es aún fragmentaria;
además, muchas veces depende de iniciativas puntuales más que de políticas
institucionales sostenidas. México, por ejemplo, ha
construido un andamiaje normativo significativo, como los Centros de Justicia
Integral para Mujeres, pero enfrenta desafíos serios en la aplicación efectiva
de dichas estructuras, especialmente en contextos donde la discriminación
estructural sigue presente.
En Perú y Colombia se
destacan iniciativas como los tribunales móviles y la asistencia jurídica
gratuita, aunque su alcance sigue siendo limitado por condiciones geográficas,
culturales y presupuestales. En Argentina, a pesar de la existencia de juzgados
especializados y reformas legales orientadas a la atención de grupos
vulnerables, se evidencia una resistencia institucional que impide su
aplicación uniforme. Mientras que en
Brasil destaca el fortalecimiento de las defensorías públicas y la implementación de servicios legales gratuitos, persisten,
asimismo, desigualdades regionales que limitan su cobertura. Pese a ello, estas prácticas no han logrado
consolidarse de forma homogénea en toda la región.
En
lo que respecta a la formación de los operadores judiciales, se observó una
tendencia a ofrecer capacitaciones centradas en derechos humanos, género y
diversidad. No obstante, tales esfuerzos se presentan de manera esporádica y
generalmente no son obligatorios. Como señalan Aarón
et al. (2016), los
procesos formativos aislados no garantizan un cambio estructural en las
prácticas institucionales, pues suelen enfrentarse a resistencias culturales
dentro del aparato judicial. Así, la falta de formación continua y de enfoque
interseccional contribuye a la persistencia de prácticas discriminatorias, aun
cuando existan normas protectoras.
En
este contexto, resulta pertinente señalar una paradoja regional: a pesar del
aumento de normas que promueven la equidad y la inclusión, la eficacia práctica
de estas disposiciones sigue siendo limitada. Hurtado
(2024) denomina este fenómeno como una inflación normativa con déficit
práctico; una situación que genera un alto nivel de frustración
social, particularmente cuando las expectativas generadas por la promulgación
de normativas no se ven reflejadas en cambios tangibles. Esta brecha es
especialmente evidente en países como México, donde, a pesar de los avances
institucionales, persisten denuncias por revictimización o trato
discriminatorio en el proceso judicial.
Otro
aspecto relevante se relaciona con el uso de herramientas tecnológicas para
mejorar el acceso a la justicia. Si bien el desarrollo de plataformas
digitales, formularios accesibles o la realización de audiencias virtuales ha
representado un avance en contextos urbanos, se identificó una brecha digital
importante en comunidades rurales, indígenas o sin acceso a conectividad.
Estudios realizados por el PNUD (2022) y la CIDH (2023) confirman esta tensión entre innovación
tecnológica y desigualdad de acceso, lo que refuerza la necesidad de
implementar modelos híbridos que combinen tecnología con estrategias
presenciales, como los tribunales móviles o los buses judiciales desarrollados
en Chile.
En
términos comparativos, la investigación mostró que, aunque los países
analizados comparten una narrativa común de compromiso con los derechos
humanos, también presentan diferencias sustanciales en cuanto a capacidad
institucional y sostenibilidad de las políticas públicas. Ello coincide con los
resultados del World Justice Project (2024), el
cual posiciona a Uruguay y Costa Rica, aunque no fueron parte de la muestra
principal, como los países con mayores niveles de accesibilidad judicial en la
región. Esta evidencia empírica respalda la hipótesis de que la voluntad
política sostenida, junto con presupuestos específicos y mecanismos de control,
son los factores determinantes para una implementación efectiva de las Reglas
de Brasilia.
Finalmente,
los hallazgos permiten derivar implicancias, tanto teóricas como prácticas. Desde una perspectiva conceptual, se valida la utilidad
del enfoque de vulnerabilidad interseccional propuesto por Crenshaw, ya que las
barreras que enfrentan los grupos desfavorecidos no solo se suman, sino que se
intersecan y potencian, generando formas complejas de exclusión. En el
plano práctico, la investigación sugiere que las estrategias futuras deben
incluir presupuestos finalistas, mecanismos de evaluación externos y participación
activa de la sociedad civil para asegurar la sostenibilidad de las reformas.
Metodológicamente, la triangulación de fuentes y el uso de Atlas.ti permitieron
identificar patrones de convergencias entre factores estructurales y respuestas
institucionales, lo que aporta rigor al análisis y abre nuevas posibilidades
para estudios comparados en el campo de la justicia inclusiva.
CONCLUSIONES
El
análisis cualitativo desarrollado en torno a la implementación de las Reglas de
Brasilia en diversos países de América Latina permite concluir que, si bien
este instrumento ha sido formalmente adoptado en los marcos normativos
nacionales, su aplicación efectiva enfrenta serias limitaciones estructurales,
institucionales y culturales. La investigación evidencia que el acceso a la
justicia para las personas en situación de vulnerabilidad continúa siendo un
desafío transversal en la región, especialmente cuando factores como la
pobreza, la ruralidad, la discapacidad, el género o la pertenencia étnica se
intersecan y profundizan la exclusión.
Las
Reglas de Brasilia constituyen un marco normativo relevante para garantizar el
acceso equitativo a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad
en América Latina. No obstante, su implementación práctica presenta
desigualdades notorias entre los países analizados, condicionadas por factores
institucionales, políticos, territoriales y culturales. Aunque
existen avances valiosos, como la asistencia legal gratuita, los tribunales
especializados y la adecuación procesal, estos aún no alcanzan una dimensión
estructural y sostenida que transforme de forma integral los sistemas de
justicia de la región.
Una
de las principales conclusiones a las que llega este trabajo radica en la existencia
de una brecha persistente entre el discurso jurídico inclusivo y la
materialización de los derechos en la práctica cotidiana. A pesar de la emisión
de protocolos, resoluciones judiciales y programas de capacitación, los
resultados siguen siendo desiguales y fragmentarios, dependiendo en gran medida
de la voluntad política, los recursos asignados y la capacidad operativa de los
sistemas judiciales nacionales.
Además,
se constató que la formación de operadores jurídicos, aunque presente en los
planes institucionales, carece de continuidad, obligatoriedad e impacto
transformador en las prácticas profesionales. La ausencia de una cultura
organizacional inclusiva impide que la norma se traduzca en una mejora efectiva
del trato a las personas en situación de vulnerabilidad. Este hallazgo refuerza
la necesidad de concebir la formación judicial no como un componente accesorio,
sino como un eje estructural de la reforma del sistema de justicia.
La
investigación demostró que las soluciones tecnológicas, si bien aportan
herramientas valiosas para ampliar la cobertura, corren el riesgo de reproducir
nuevas formas de exclusión si no se acompañan de políticas que garanticen
conectividad, alfabetización digital y dispositivos accesibles a toda la
ciudadanía. Por ello, se concluye que la innovación digital debe ir de la mano
de estrategias de justicia comunitaria e itinerante, especialmente en contextos
rurales y multiculturales.
Desde
una perspectiva regional, se advierte que los países con mayores avances en la
aplicación de las Reglas de Brasilia son aquellos que han logrado articular
esfuerzos normativos, financieros y administrativos de manera sostenida en el
tiempo, incorporando la participación ciudadana y la evaluación externa como
mecanismos de mejora continua. Esta conclusión respalda la necesidad de
transitar hacia modelos de justicia más transparentes, accesibles y
corresponsables.
En
suma, las Reglas de Brasilia representan un marco fundamental para promover una
justicia inclusiva y equitativa, pero su impacto real dependerá del compromiso
de los Estados para superar la desigualdad estructural, fortalecer la
institucionalidad democrática y garantizar que ningún grupo social quede
excluido del ejercicio pleno de sus derechos. La justicia verdaderamente
accesible solo será posible si se comprende que la vulnerabilidad no es una
condición estática, sino una construcción social que el derecho tiene la
responsabilidad de transformar.
REFERENCIAS
Aarón, M., Choles, P., y Solano, A. (2016).
Representación del Proceso Formativo de una institución Etnoeducativa a través
de la Técnica del Modelo Gráfico y Descriptivo usando Diagramas de influencia y
de Forrester. Información
tecnológica, 27(3), 81-92. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642016000300008
Amparo en Revisión
356/2020. (12 de noviembre de 2014). Suprema
Corte de Justicia de la Nación. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2021-08/AR-356-2020-16082021.pdf
Argés, J. (2018). El acceso a la justicia concebido
como derecho humano imperativo (ius cogens). Derecho global. Estudios sobre derecho y justicia, 3(8), 73-92. https://doi.org/10.32870/dgedj.v0i8.145
Balanta, P., Estrada, R., Rodríguez, F., y Rodríguez, N. (2014). Configuración de la noción de discapacidad en un contexto de vulnerabilidad en Bogotá. Análisis interdisciplinar. Editorial Universidad del Rosario. https://doi.org/10.7476/9789587384758
Barahona, G., y Barzola, Y. (2024). La intervención
social en personas con situaciones vulnerables. Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales ReHuSo, 9(2),
77-91. https://doi.org/10.33936/rehuso.v9i2.6269
Bernales, G. (2019). El acceso a la justicia en el
sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Ius et Praxis, 25(3), 277-306. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122019000300277
Bregaglio, R. (2014). Alcances del mandato de no discriminación en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. En Salmón, E. y Bregaglio, R. (Eds.), Nueve conceptos claves para entender la
Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad (pp. 73-98).
https://www.corteidh.or.cr/tablas/32092.pdf
Burgos, A. (2013). El
acceso a la justicia de grupos en condición de vulnerabilidad y las reglas de
Brasilia. Revista digital de la Maestría
en Ciencias Penales, (5), 349-396. https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/39356-acceso-justicia-grupos-condicion-vulnerabilidad-y-reglas-brasilia
Carastathis, A. (2016). Intersectionality. Origins, Contestations, Horizons. University of
Nebraska Press. https://www.researchgate.net/publication/321992533
Carrera, M., y Escalante, J. (2017). Las Reglas de Brasilia. Su impacto en la jurisprudencia penal. Revista de Derecho Penal y Criminología, 35(1),
45-67. https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2019/12/doctrina48366.pdf
Casación N.º 1672-2017/Puno.
(2017). Corte Suprema de Justicia de la
República, Sala Penal Permanente. https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/10/Casacion-1672-2017-Puno-Legis.pe_.pdf
Cho S., Crenshaw, K., y
McCall, L. (2013). Toward a Field of Intersectionality Studies:
Theory, Applications, and Praxis. Signs. Journal
of Women in Culture and Society, 38(4), 785-810. https://www.jstor.org/stable/10.1086/669608
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (2021). Situación de
derechos humanos en Brasil (OEA/Ser.L/V/II. Doc.9). https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Brasil2021-es.pdf
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (2023). Compendio sobre la
reparación integral con perspectiva de género en contextos de justicia
transicional (OEA/Ser.L/V/II. Doc.23). https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2024/compendio-reparaciones-genero-esp.pdf
Conferencias Magistrales.
(2024). Las 100 Reglas de Brasilia:
Herramienta fundamental para garantizar el acceso a la Justicia de manera
efectiva y equitativa. Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. https://www.cumbrejudicial.org/sites/default/files/2025-02/conferencias-magistrales-2024-reglas-de-brasilia-herramienta-fundamental-para-el-acceso-a-la-justicia-de-manera-efectiva-y-equitativa-1_1.pdf
Consejo de la Judicatura
Federal. (2020). Acuerdo general 08/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal. https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf
Consejo de la Judicatura
Federal. (2020). Acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de
la Judicatura Federal. https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral12_2020.pdf
Corte Interamericana de
Derechos Humanos. (2008). Reglas de
Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en situación de
vulnerabilidad. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30061.pdf
Corte Interamericana de
Derechos Humanos. (2008). Reglas de
Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30061.pdf
Cumbre Judicial
Iberoamericana. (2014). Informe Reglas de Brasilia. Asamblea Plenaria de la
XVII Cumbre Judicial Iberoamericana. https://www.cumbrejudicial.org/biblioteca-de-documentos?combine=reglas%20de%20brasilia&term_node_tid_depth=All&term_node_tid_depth_1=All&term_node_tid_depth_2=All&page=2
Dabove, M. (2024). ¿Somos todos vulnerables en la
vejez? Aportes de la teoría del derecho para la toma de decisiones
judiciales. Revista Derecho del Estado, (59), 1-32. https://doi.org/10.18601/01229893.n59.01
Díaz, R. (2018). Vulnerabilidad y riesgo como
conceptos indisociables para el estudio del impacto del cambio climático en la
salud. Región y sociedad, 30(73), 0006. https://doi.org/10.22198/rys.2018.73.a968
Espinosa Lara, D. (2015).
Grupos en situación de vulnerabilidad.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Colección de textos sobre Derechos
Humanos). Comisión Nacional de los Derechos Humanos. http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf
Fernández, W. (2019). Protección de la familia y
acceso a la justicia de los migrantes en el Perú. Ius Humani. Revista
de Derecho, 8, 245-267. https://doi.org/10.31207/ih.v8i0.223
García, S. (2019). Los sujetos vulnerables en la
jurisprudencia “transformadora” de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Cuestiones
constitucionales, (41), 3-34. https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2019.41.13940
Gonet, P. (2020). Las 100 Reglas de Brasilia y el acceso a la justicia
en Brasil. Revista Llapanchikpaq: Justicia, 1(1), 1-20. https://doi.org/10.51197/lj.v1i1.7
Grzanka, P. R. (2019). Systems of oppression. En Grzanka, P. R. (Ed.), Intersectionality: foundations and frontiers
(pp. 1-5). Routledge. https://www2.kobe-u.ac.jp/~alexroni/pdf/zemi%20books/Intersectionality%20A%20Foundations%20and%20Frontiers%20Reader%20by%20Patrick%20R.%20Grzanka%20(Editor).pdf
Guerrero, R., Oliva,
T., y Ojeda, M. (2017). Acercamiento al escenario de estudio fenomenológico en
México: relato de experiencia. Rev Bras
Enferm., 70(4), 885-90. http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0601
Hasanbegovic, C.
(2016). Violencia basada en el género y el rol del Poder JudicialGender-based
Violence and the Role of the Judicial Power. Revista de la Facultad de
Derecho, (40), 119-158. http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-06652016000100006&lng=es&tlng=es
Hurtado, G. (2024). El acceso a la justicia de las
poblaciones indígenas. Una necesidad desde el lenguaje. Lengua y Sociedad, 23(1),
177-192. https://doi.org/10.15381/lengsoc.v23i1.27276
Jabur, C. (2021). Una política «a medio camino».
Reflexiones sobre la política para pueblos indígenas de contacto reciente en
Brasil. Anthropologica, 39(47), 413-445. https://doi.org/10.18800/anthropologica.202102.016
Molina, R. (2005). La Discapacidad y su Inclusión
Social: Un Asunto de Justicia. rev.fac.med.
53(4): 259-262. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112005000400007&lng=en
Otzen, T., y Manterola, C.
(2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. International Journal of Morphology, 35(1),
227-232. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037
Oviedo, A. (2022). Inclusión, exclusión,
justicia social. Revista Andina de Educación, 6(1),
e100. https://doi.org/10.32719/26312816.2022.6.1.01
Peña, L. (2018). La
sentencia en formato de lectura fácil: aplicable para todos. Hechos y Derechos,
(47). https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/
view/12876/14426
Pezo, O., Choque, Y., y Calle, D. (2024). Las rutas
y dinámicas sociales de las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia
para la gestión de conflictos en el sur del Perú. Derecho global. Estudios sobre derecho y justicia, 9(26),
201-221. https://doi.org/10.32870/dgedj.v9i26.713
Piña, L. (2023). El enfoque cualitativo: Una
alternativa compleja dentro del mundo de la investigación. Revista Arbitrada Interdisciplinaria
Koinonía, 8(15), 1-3. https://doi.org/10.35381/r.k.v8i15.2440
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
(2005). Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia. América
Latina y el Caribe. http://inecip.org/wp-content/uploads/Inecip-Manual-Politicas-Publicas.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
(2022). Estrategia digital 2022 - 2025. https://digitalstrategy.undp.org/documents/Digital-Strategy-2022-2025-Full-Document_ES_Interactive.pdf
Ramírez, S. (2021). ¿Es el campo judicial un
aspecto privilegiado para la lucha por los derechos indígenas en América
latina? Revista Jurídica Derecho, 10(15), 193-208. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S241328102021000200011&lng=es&tlng=es
Ramos, D. (2019). Entendiendo la vulnerabilidad
social: una mirada desde sus principales teóricos. Revista Estudios del
Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 7(1), 139-154. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S230801322019000100139&lng=es&tlng=es
Redondo, M. (2019). El juez humanista: el nuevo
guardián del derecho en el paradigma neoconstitucional. Cuestiones
constitucionales, (40), 141-170. https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2019.40.13230
Resolución Administrativa N.º 000198-2020-CE-PJ.
Aprueban adhesión a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de
Personas en Condición de Vulnerabilidad, disponiendo su aplicación por todos
los jueces de la República, incluidos los jueces de paz (2020, 1 de agosto).
Poder Judicial del Perú. Diario Oficial El Peruano. https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/00bf72804f9fc09abd1bbd6976768c74/R.+A.+N%C2%B0+000198-2020-CE-PJ.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=00bf72804f9fc09abd1bbd6976768c74
Ribotta, S. (2012).
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de
Vulnerabilidad. Vulnerabilidad, pobreza y acceso a la justicia. Revista Electrónica Iberomaericana, 6(2),
1-37. https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_6_2012_2/REIB_06_02_04Ribotta.pdf
Romero, M. (2018). Introducing
intersectionality. Polity Press. https://www.politybooks.com/bookdetail?book_slug=introducingintersectionality--9780745663661
Ruiz, N. (2012). La definición y medición de la
vulnerabilidad social. Un enfoque normativo. Investigaciones
geográficas, (77), 63-74. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018846112012000100006&lng=es&tlng=es
Salazar, J. (2022). 100
reglas de Brasilia: Propuestas para asegurar el derecho de acceso a la justicia
de las personas en condiciones de pobreza. Rev.
investig. cient. Erga omnes 2022, 2, 1-11. https://revistas.unh.edu.pe/index.php/rceo/article/view/87/1013
Sentencia
del Tribunal Constitucional. (2004, 24 de marzo). Sala Primera del Tribunal
Constitucional (Alva Orlandini, presidente; Aguirre Roca y Gonzales Ojeda). https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00858-2003-AA.html
Sentencia T-025/04. (2004, 22 de enero). Agencia oficiosa en
tutela-Asociaciones de desplazados. Corte Constitucional de Colombia. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm
Sentencia T-301/16. (2016,
9 de junio). Procedencia de tutela para amparar el derecho a la IVE. Corte
Constitucional de Colombia. https://derechoalaborto.com/conoce-las-sentencias/sentencia-t-301-de-2016/
Sentencia T-762/15. (2015,
16 de diciembre). Desarticulación de la Política criminal. Corte
Constitucional de Colombia. https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/article/view/4362/3646
Sousa, V. (2020). El acceso a la administración de
justicia para las personas con discapacidad visual en Panamá. Conrado, 16(76), 443-447. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000500443&lng=es&tlng=es
Timana, M., y Vega, A.
(2023). Las 100 Reglas de Brasilia como herramienta para enfrentar las barreras
de acceso a la justicia: el enfoque de género como factor de vulnerabilidad. Revista Llapanchikpaq Justicia, 5(7), 181-202. https://doi.org/10.51197/lj.v5i7.871
Valdez, A.,
Fernández-Silva, C., Bittner, C., y Mancilla, C. (2021). Aproximaciones al
concepto de vulnerabilidad desde la bioética: una revisión integradora. Persona
y Bioética, 25(2), e2522.
https://doi.org/10.5294/pebi.2021.25.2.2
Veiga,
J., De la Fuente, E., y Zimmermann, M. (2008). Modelos de estudios en
investigación aplicada: conceptos y criterios para el diseño. Med Segur Trab, 210, 81-88. https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v54n210/aula.pdf
World Justice Project. (2024). Uruguay ocupa el puesto 24 de 142 en el World Justice Project Rule of Law Index. https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Uruguay_ES.pdf
