Introducción

En las últimas décadas, la administración de justicia penal latinoamericana ha enfrentado una creciente presión por modernizar sus procesos judiciales frente a problemas estructurales persistentes, tales como la sobrecarga procesal, la lentitud de trámites, la limitada disponibilidad de recursos humanos y materiales, así como la desconfianza ciudadana en la eficacia y transparencia de los diferentes sistemas judiciales (Hurtado-Rodríguez y Borbor-Veliz, 2025; Bel y Pacheco, 2024).

Frente a tal problemática, autores como García Torres (2024) y González Fernández (2023) han expresado la necesidad de implementar la inteligencia artificial en los sistemas jurídicos latinoamericanos, con el fin de evitar la dilatación de los procesos, priorizar casos judiciales, automatizar tareas administrativas, etc. No obstante, la situación descrita genera cierta incertidumbre sobre la compatibilidad de dichas tecnologías con principios fundamentales del proceso penal, tales como la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho a la debida motivación de las decisiones judiciales (Bechara et al., 2024).

De igual forma, la brecha tecnológica entre los distintos países latinoamericanos, e incluso dentro de un mismo sistema judicial, ha provocado una implementación desigual de la inteligencia artificial, lo que puede acentuar asimetrías en el acceso a la justicia y reproducir sesgos estructurales preexistentes (de Lara-García, 2022). Esta situación resulta especialmente problemática en sistemas penales caracterizados por altos niveles de desigualdad social, donde la utilización de herramientas algorítmicas puede reproducir o profundizar sesgos discriminatorios preexistentes, afectando de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables, si es que no se las emplea de manera adecuada (Filgueira, 2023).

En este contexto, la problemática de la inteligencia artificial en los procesos penales latinoamericanos no radica únicamente en su incorporación tecnológica, sino en la falta de condiciones estructurales para garantizar su uso responsable y compatible con los derechos fundamentales (García Benítez y Ruvalcaba-Gómez, 2021). De esta manera, en los últimos años la adopción acelerada de dichas herramientas no ha ido acompañada, en muchos casos, de evaluaciones rigurosas sobre su impacto jurídico, ético y social, ni de herramientas efectivas relacionadas con el control, la rendición de cuentas y la protección de derechos fundamentales (Corrales Castellano et al., 2025).

Con base en la problemática planteada, se procedió a plantear la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en los procesos penales latinoamericanos en los últimos cinco años? Esta pregunta se genera debido a que, en el contexto latinoamericano, la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos penales ha avanzado de manera desigual y con escasa evaluación sistemática de sus efectos reales, por lo que resulta necesario abordar críticamente este fenómeno reciente y relevante (Segura, 2023).

En cuanto al objetivo general de la presente investigación, consistió en determinar el impacto de la inteligencia artificial en los procesos penales latinoamericanos en los últimos cinco años. Adicionalmente, se consideró pertinente abordar los siguientes objetivos específicos: identificar las aplicaciones de la inteligencia artificial empleadas en los procesos penales latinoamericanos en los últimos cinco años; evaluar los efectos de la inteligencia artificial sobre las garantías fundamentales en los procesos penales latinoamericanos en los últimos cinco años; y examinar los principales riesgos y desafíos asociados al uso de la inteligencia artificial en los procesos penales latinoamericanos en los últimos cinco años.

Desde el punto de vista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos penales se vincula con el ODS 16, en tanto que se busca el desarrollo de sociedades basadas en valores pacíficos y en una inclusión cada vez mayor, con el propósito de garantizar una justicia eficaz, responsable y transparente para sus ciudadanos, mediante cada una de las instituciones que conforman el correspondiente sistema. La incorporación de herramientas tecnológicas en la administración de justicia penal puede contribuir al fortalecimiento institucional y a la eficiencia procesal (Brasil y de Araujo, 2025). Sin embargo, su aplicación sin adecuados mecanismos pertinentes para el sistema jurídico puede debilitar las garantías del debido proceso y la confianza ciudadana. Por ello, examinar de forma crítica las implicancias de la inteligencia artificial en este contexto resulta fundamental para asegurar que su uso se alinee con los principios del ODS 16 y con la consolidación de un sistema de justicia penal legítimo y respetuoso de los derechos fundamentales (de Macêdo y Pila, 2024).

Ahora bien, en relación con el marco conceptual de la presente investigación, la inteligencia artificial implica la facultad de sistemas computacionales para abordar problemas de elevada complejidad mediante la ejecución de algoritmos predefinidos (Sánchez Vásquez y Toro-Valencia, 2021). En el ámbito jurídico, se ha implementado en procesos como el análisis de documentos legales, la predicción de resultados judiciales, la asistencia en la toma de decisiones y la automatización de procesos administrativos (Maciel Nascimento et al., 2024). En ese sentido, su uso se justifica en la necesidad de enfrentar la congestión procesal y mejorar la eficiencia del sistema de justicia, especialmente en contextos de alta demanda y recursos limitados, como ocurre en la mayoría de países latinoamericanos (Paredes Morales et al., 2025).

Por otra parte, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos judiciales se sustenta en modelos algorítmicos de aprendizaje automático y análisis predictivo, los cuales procesan datos históricos para generar estimaciones o recomendaciones (Díaz-Ramírez, 2021). Estas herramientas han sido empleadas en etapas como la investigación preliminar, la evaluación del riesgo de fuga o reincidencia, la asignación de prioridades procesales y la administración de expedientes judiciales (Aguilar, 2024). No obstante, diversos autores como Samaniego Macas et al. (2024) y Villalta (2024) advierten que estos sistemas no son neutrales, ya que dependen de la calidad, representatividad y contexto de los datos utilizados, lo que puede dar lugar a sesgos estructurales que afectan la imparcialidad y objetividad de las decisiones penales.

En el marco del derecho procesal penal, la introducción de la inteligencia artificial plantea importantes desafíos respecto a la vigencia de los principios y garantías fundamentales. Siendo así, el debido proceso, la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales pueden verse comprometidos cuando las decisiones se apoyan en sistemas algorítmicos opacos o de difícil comprensión para los operadores jurídicos y las partes procesales (Sangines Ordoñez y Avendaño Vera, 2025). Desde la teoría garantista, se sostiene que toda decisión que incida en derechos fundamentales debe ser plenamente explicable y susceptible de control, exigencia que resulta difícil de cumplir cuando se recurre a modelos automatizados de naturaleza compleja o propietaria (Echeverría Justicia, 2024).

De esta forma, en América Latina se han implementado diversas herramientas de inteligencia artificial en el ámbito judicial, como Prometea en Argentina, desarrollada para automatizar dictámenes y tareas repetitivas en el Ministerio Público Fiscal. Así también, existe Pretoria en Colombia, utilizada por la Corte Constitucional para priorizar acciones de tutela en salud. Mientras que en Brasil se desarrollaron sistemas como Synapses, Victor y Sócrates, empleados para gestionar procesos repetitivos, agrupar recursos e identificar demandas similares en tribunales federales y estatales (Segura, 2023).

Método

La investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo, debido a que se constituye como una manera de interpretar y comprender fenómenos sociales o humanos mediante el análisis de procesos, contextos, significados y experiencias subjetivas (Calle Mollo, 2023). De manera complementaria, se empleó la estrategia PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), que se constituye como un conjunto de estándares o directrices para el reporte transparente y estructurado de revisiones sistemáticas y metaanálisis, con el objetivo de garantizar rigor metodológico, reproducibilidad y transparencia en la síntesis sobre el tema propuesto (Espinoza-Freire, 2025).

Sumado a lo anterior, se integró a la presente investigación el método hermenéutico, puesto que busca comprender y explicar el sentido profundo de los textos, discursos o prácticas sociales, atendiendo a su contexto histórico, cultural y lingüístico (Guamán Chacha et al., 2021). En el contexto de la presente revisión sistemática, adquiere especial relevancia debido a que permite escudriñar no solo el contenido jurídico, sino también las dimensiones axiológicas, teleológicas y sociales que giran en torno al tema planteado.

En cuanto a la búsqueda y acopio de los artículos pertinentes para la correspondiente revisión sistemática, se recurrió a bases de datos académicos de reconocido rigor científico, tales como Scopus, Web of Science y SciELO, haciendo uso de la siguiente ecuación de búsqueda: “(Inteligencia artificial AND proceso penal) OR (Artificial intelligence AND criminal process)”. Así, para la selección de estudios se establecieron como criterios de inclusión los artículos de revistas indexadas publicados entre los años 2021 y 2025 que examinaran las implicancias de la inteligencia artificial en los procesos penales latinoamericanos. Sumado a ello, se consideraron únicamente aquellos trabajos de acceso abierto que contaran con disponibilidad del texto completo y que mantuvieran coherencia con los objetivos de investigación propuestos. Por el contrario, se excluyeron los artículos repetidos, aquellos que se encuentran sin acceso al texto íntegro, los estudios publicados con más de cinco años de antigüedad y aquellos que no abordaran de forma clara y directa el tema de esta revisión sistemática.

Asimismo, con el propósito de fortalecer la rigurosidad del presente estudio, los artículos seleccionados fueron sometidos a una evaluación previa relacionada con la claridad de los objetivos de investigación, la coherencia metodológica, la pertinencia de las fuentes empleadas, la consistencia de los resultados y la solidez de las conclusiones. Siendo así, se presenta a continuación la Figura 1, en donde se observa el proceso de selección de los artículos que cumplieron con los filtros mencionados en el anterior párrafo, obteniéndose veintidós artículos pertinentes con los objetivos propuestos en el presente estudio.

La Figura 1 evidencia la selección de los estudios, respondiendo a su pertinencia temática respecto al objetivo de investigación y considerando exclusivamente trabajos que analizaron de manera directa la incorporación, las aplicaciones, las implicancias, los riesgos o los desafíos de la inteligencia artificial en el ámbito penal latinoamericano. Asimismo, se priorizaron investigaciones publicadas en revistas indexadas y arbitradas, con acceso completo y suficiente desarrollo metodológico y argumentativo para permitir la identificación de hallazgos relevantes. De esta manera, se seleccionaron veintidós artículos que constituyeron el corpus documental de esta investigación.

Por otra parte, con la finalidad de fortalecer la validez metodológica de la revisión sistemática y garantizar la confiabilidad de la evidencia analizada, se realizó una evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos mediante la herramienta ROBINS-I (Risk Of Bias In Non-randomized Studies of Interventions). Este instrumento permitió examinar de manera sistemática la calidad metodológica de los artículos seleccionados, considerando posibles sesgos. Los resultados de esta evaluación se presentan en la Figura 2.

La evaluación mediante ROBINS-I evidenció que la mayoría de los estudios presentaron un riesgo de sesgo bajo a moderado, lo que permite considerar que los hallazgos incluidos en la presente revisión poseen una adecuada solidez metodológica. Los principales aspectos favorables identificados fueron la claridad de los objetivos de investigación, la coherencia entre los métodos empleados y los resultados obtenidos, así como la adecuada fundamentación teórica y jurídica de las investigaciones analizadas. No obstante, algunos estudios mostraron riesgo moderado debido a limitaciones asociadas con la naturaleza descriptiva de los diseños empleados, la ausencia de procedimientos estandarizados para la validación de resultados y la limitada información sobre posibles factores de confusión.

Resultados

En este apartado se presentan los veintidós artículos que lograron superar los criterios de inclusión y exclusión propuestos en la sección anterior. Se organizaron conforme a lo presentado en la Tabla 1, considerando los siguientes elementos de identificación de datos: (1) autor y año, (2) base de datos, (3) país y (4) principales hallazgos.

En ese sentido, se evidenció que veintidós artículos cumplieron con los criterios de selección definidos, y fueron desarrollados en el periodo comprendido entre 2021 y 2025. Siendo así, la Figura 3 corresponde a los años de publicación sobre el tema de estudio.

La Figura 2 evidencia una evolución fluctuante de la producción científica relacionada con las implicancias de la inteligencia artificial en los procesos penales latinoamericanos durante el periodo 2021-2025. Aunque no se identificaron publicaciones en el año 2021, a partir de 2022 se aprecia un incremento significativo del interés académico, alcanzando ocho investigaciones. Posteriormente, en 2023 se registra una disminución temporal, con dos publicaciones, seguida de una recuperación durante 2024 con nuevamente ocho publicaciones. Mientras que en 2025 se identifica un total de cuatro publicaciones. Estos resultados sugieren que el análisis de la inteligencia artificial en el ámbito penal constituye una línea emergente en América Latina, cuyo desarrollo ha estado vinculado al crecimiento de los debates sobre innovación tecnológica, protección de derechos fundamentales y modernización de los sistemas de justicia penal.

De acuerdo con el criterio referido a las bases de datos, la Figura 4 representa la cantidad de artículos correspondientes a revistas indexadas alojadas en las bases de datos reconocidas por su valor académico a nivel internacional: Scopus, Web of Science y SciELO.

La Figura 4 permite identificar que la mayor parte de la evidencia científica seleccionada procede de Scopus (45 %) y Web of Science (41 %), bases de datos reconocidas por sus elevados estándares de indexación y control de calidad académica. Por su parte, la base de datos SciELO (14 %) aporta una perspectiva regional relevante y permite incorporar estudios desarrollados en contextos latinoamericanos que enriquecen la comprensión de las particularidades jurídicas y tecnológicas presentes en la región.

Por otro lado, en la Tabla 2 se sistematizaron los países pertenecientes a la región ubicada en América Latina en los que se llevaron a cabo los estudios vinculados con sistemas jurídicos procesales, específicamente con los procesos penales, conforme se presenta a continuación.

La Tabla 2 evidencia una concentración significativa de la producción de artículos en Brasil, país que lidera la región con ocho artículos, equivalentes al 36.36 % del total de la muestra. Le siguen Colombia con cinco publicaciones (22.73%) y Chile con tres estudios (13.64 %), consolidándose estos tres países como los principales focos de investigación sobre la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en sus sistemas judiciales, así como un mayor interés académico por examinar sus implicancias jurídicas y procesales. En contraste, México y Perú presentan una participación moderada con dos artículos cada uno (9.09 %), mientras que Argentina y Ecuador registran la menor incidencia con solo un estudio por país (4.55 %). Dicho contexto manifiesta la necesidad de fortalecer la producción científica regional sobre esta temática, especialmente considerando que los desafíos relacionados con la protección de derechos fundamentales y la regulación de tecnologías emergentes afectan de manera transversal los sistemas penales latinoamericanos.

Discusión

En esta sección se discuten los hallazgos obtenidos a partir de los veintidós artículos seleccionados entre 2021 y 2025 sobre la implementación de la inteligencia artificial en los procesos penales latinoamericanos. Más allá de describir los resultados reportados por la literatura, se busca contrastar las distintas perspectivas identificadas, examinar sus convergencias y divergencias, así como reflexionar sobre las implicancias jurídicas, éticas e institucionales derivadas de la incorporación de estas tecnologías en la administración de justicia. De esta manera, se pretende aportar una interpretación crítica de la evidencia disponible y contribuir al debate académico sobre los alcances, limitaciones y desafíos que enfrenta la inteligencia artificial en el contexto penal latinoamericano.

Respecto al objetivo general de esta investigación, la inteligencia artificial ha generado un impacto multidimensional en los sistemas penales latinoamericanos. Por ejemplo, de Oliveira (2022) plantea que esta intersección entre inteligencia artificial y derecho exige una revisión profunda de conceptos jurídicos fundamentales como la territorialidad, la personalidad jurídica, la legalidad y el debido proceso, argumentando que el derecho debe adaptarse para preservar la transparencia y la justicia, evitando que la eficiencia técnica sustituya las garantías democráticas. Mientras que de Alvarenga y Abi-Ackel (2024) identifican que la implementación de la inteligencia artificial en el proceso penal brasileño ofrece importantes ventajas en términos de eficiencia, celeridad y acceso a la justicia, aunque destacan la necesidad imperiosa de equilibrar estos avances con la preservación de derechos fundamentales como el debido proceso legal, la amplia defensa y la presunción de inocencia.

En concordancia con lo anterior, García y Barona (2024) concluyen en que la inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar el sistema de justicia penal ecuatoriano al mejorar la eficiencia, optimizar decisiones, reducir sesgos humanos y generar ahorros de costos. Sin embargo, Toledo y Pessoa (2023) señalan una incompatibilidad estructural fundamental entre el procesamiento de datos por inteligencia artificial y la aplicación del derecho, que prioriza la singularidad del caso concreto. En ese sentido, Suárez Xavier (2024) sintetiza esta tensión al concluir que la inteligencia artificial puede ser una aliada valiosa para modernizar la administración de justicia en tareas administrativas y de apoyo procesal, pero su implementación en funciones jurisdiccionales debe estar sujeta a límites estrictos para no violar principios fundamentales relacionados con la igualdad procesal, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica.

Conforme al primer objetivo específico, se identificó que las aplicaciones de la inteligencia artificial en los procesos penales latinoamericanos abarcan ámbitos cada vez más diversos. En este sentido, Aguilar Cabrera (2024) señala que su utilización en la gestión de pruebas digitales contribuye a mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos penales, mientras que Alcántara Francia et al. (2022) evidencian avances en la predicción de decisiones judiciales con niveles de precisión superiores al 60 %. No obstante, estos resultados sugieren que la utilidad de la inteligencia artificial no debe valorarse únicamente por su capacidad de optimizar procedimientos, sino también por su compatibilidad con los principios y garantías que caracterizan al proceso penal. Por ello, su implementación debe mantenerse como un mecanismo de apoyo a la labor jurisdiccional y no como un sustituto del razonamiento jurídico humano.

Por su parte, Díaz-Rincón et al. (2024) proporcionan evidencia sobre una aplicación específica al analizar el sistema PRISMA en Colombia y concluyen que esta herramienta de inteligencia artificial aporta celeridad a los procesos judiciales en derecho penal, optimizando la gestión de solicitudes de medidas de aseguramiento en casos de hurto y reduciendo la percepción de impunidad. Asimismo, Essahraui et al. (2025) amplían el panorama de aplicaciones en el ámbito policial, identificando que el análisis del comportamiento humano con inteligencia artificial mejora la predicción de delitos mediante modelos como LSTM, XGBoost o SARIMA. Además, resulta interesante la propuesta de Centeno Cardona et al. (2022), quienes concluyeron que la inteligencia artificial es importante en el desarrollo de los procesos de resocialización de la pena en Colombia, al facilitar el acceso a educación, trabajo, contacto familiar y atención judicial y penitenciaria.

Perilla Granados (2024) coincide en proponer que la inteligencia artificial asuma tareas descriptivas y procedimentales, permitiendo a los operadores jurídicos enfocarse en labores argumentativas y estratégicas de mayor complejidad, optimizando así tiempos y recursos mientras se mantiene la esencia humana del proceso penal. De igual forma, Pereira et al. (2022) enfatizan que la utilización de inteligencia artificial en decisiones judiciales debe limitarse principalmente a casos repetitivos y de baja complejidad, respetando el deber de fundamentación analítica establecido en la legislación procesal brasileña, y destacan la necesidad de garantizar la explicabilidad de los algoritmos para mantener la confianza y evitar violaciones a derechos fundamentales.

En contraste con estas aplicaciones viables, Julià Pijoan (2023) concluye que el brain reading como técnica basada en neurotecnología e inteligencia artificial no está actualmente en condiciones de ser admitida como prueba en el proceso penal, identificando obstáculos conceptuales, estructurales y metodológicos significativos. Por tal motivo, existen contextos en los que la aplicación de la inteligencia artificial ha significado grandes avances para la correcta aplicación de la justicia, pero en otros no ha sido de gran relevancia para su mejora, debido a diferentes factores a tomar en cuenta: tecnología, capacitaciones, políticas de implementación, recursos financieros, etc.

Los hallazgos relacionados con el primer objetivo específico evidencian que la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito procesal penal no responde únicamente a una búsqueda de innovación tecnológica, sino también a la necesidad de enfrentar problemas estructurales de congestión judicial, demora procesal y limitaciones administrativas. Sin embargo, la literatura revisada muestra que las potencialidades de estas herramientas suelen superar la capacidad institucional existente para supervisar adecuadamente su implementación. En consecuencia, la eficacia de la inteligencia artificial no depende exclusivamente de su desarrollo tecnológico, sino también de la existencia de marcos normativos, recursos institucionales y mecanismos de control que permitan garantizar un uso compatible con los principios fundamentales del proceso penal.

Como segundo objetivo específico, en torno a los efectos de la implementación de la inteligencia artificial sobre las garantías procesales, Roa Avella et al. (2022) concluyen que el uso de algoritmos predictivos de riesgo como COMPAS en el sistema penal genera riesgos inminentes para los derechos humanos debido a la opacidad de su arquitectura y la presencia de sesgos algorítmicos, vulnerando garantías fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia, la igualdad y el derecho a la defensa. Adicionalmente, Cavalcante Vieira y Rodrigues Santos (2025) amplían esta perspectiva al señalar que el uso de tecnologías predictivas y policiamiento predictivo en la seguridad pública conlleva riesgos significativos de discriminación algorítmica y reproducción de sesgos históricos, perpetuando desigualdades sociales y vulnerando derechos fundamentales.

Resulta interesante la evidencia empírica proporcionada por Sanabria Moyano et al. (2022) sobre el reconocimiento facial en Colombia y la conclusión de que esta tecnología presenta riesgos significativos para los derechos humanos con altas tasas de inexactitud (81 % en algunos casos) y sesgos algorítmicos que afectan desproporcionadamente a grupos minoritarios, como los afrodescendientes. De igual forma, Urzúa Urzúa (2024) profundiza en la dimensión de la intimidad al examinar herramientas predictivas de riesgo de reincidencia en Chile, identificando graves riesgos para los derechos fundamentales a la intimidad y a la defensa derivados de la opacidad algorítmica, los sesgos discriminatorios y la extracción indiscriminada de datos personales.

Sin embargo, Serventich (2022) aporta una perspectiva equilibrada desde Argentina al concluir que los sistemas de inteligencia artificial judicial para la valoración de riesgos pueden ser herramientas útiles y complementarias en la decisión de prisión preventiva, siempre que se respeten garantías procesales. Mientras tanto, Tavares (2024) concluye que el uso de la inteligencia artificial en la persecución penal exige el reconocimiento de garantías procesales reforzadas que incluyen el contradictorio digital, la auditabilidad, la transparencia con explicaciones contrafácticas, la consistencia procedimental y el control social, conformando una dimensión contemporánea del debido proceso legal diseñada para mitigar riesgos como la opacidad algorítmica y los sesgos discriminatorios.

En este contexto, resulta evidente que la tensión entre eficiencia tecnológica y protección de derechos fundamentales constituye uno de los principales desafíos de la transformación digital de la justicia penal latinoamericana. Si bien algunas investigaciones destacan beneficios asociados a la optimización de decisiones y la gestión de información, la evidencia disponible demuestra que los riesgos asociados a la opacidad algorítmica, los sesgos discriminatorios y las limitaciones en la explicabilidad de los sistemas continúan siendo aspectos insuficientemente resueltos. Por ello, la adopción de estas tecnologías debe ser entendida como un proceso condicionado por exigencias jurídicas y constitucionales que no pueden ser desplazadas por criterios exclusivamente técnicos.

En cuanto al tercer objetivo específico, sobre los riesgos y desafíos asociados al uso de la inteligencia artificial en los procesos penales, se hallaron problemáticas que trascienden cuestiones técnicas para adentrarse en dilemas filosóficos, normativos e institucionales. Tal es el caso de Navarro-Dolmestch (2025), quien reconoce una problemática relacionada en la compatibilización de estas tecnologías con garantías constitucionales y procesales, así como la dimensión institucional-normativa, que abarca la necesidad de marcos regulatorios específicos, capacitación de operadores y redefinición de conceptos jurídicos tradicionales.

Desde otro punto de vista, Padilla Sanabria (2025) advierte desde el contexto mexicano que la incorporación de inteligencia artificial en el ámbito punitivo conlleva riesgos significativos para la protección de derechos humanos si los sistemas son alimentados con bases jurídicas que no respetan el bloque de constitucionalidad y los estándares internacionales de garantías procesales. Por último, Velasco (2022) resalta la necesidad de marcos regulatorios específicos, capacitación de operadores y redefinición de conceptos jurídicos tradicionales, puesto que no solo se requieren ajustes técnicos o regulatorios aislados, sino una reconfiguración integral que preserve la centralidad de la dignidad humana y los derechos fundamentales en la administración de justicia.

A partir de los hallazgos, otro de los principales desafíos identificados radica en que la velocidad de desarrollo de las tecnologías basadas en inteligencia artificial supera actualmente la capacidad de adaptación de los sistemas jurídicos latinoamericanos. Esta situación genera vacíos regulatorios que pueden afectar la seguridad jurídica y dificultar la protección efectiva de los derechos fundamentales. Por tal motivo, la discusión no debe centrarse únicamente en determinar si estas tecnologías deben incorporarse al proceso penal, sino en establecer bajo qué condiciones institucionales, normativas y éticas resulta legítima su utilización.

Por otro lado, el análisis comparativo de los estudios incluidos permite examinar las diferencias relevantes entre los países latinoamericanos, como es el caso de Brasil, que concentra la mayor producción académica y evidencia experiencias más avanzadas de incorporación de tecnologías digitales en el sistema de justicia, situación que puede explicarse por una mayor inversión en innovación judicial y por el desarrollo de iniciativas institucionales orientadas a la transformación digital. Por su parte, Colombia y Chile presentan una producción académica significativa centrada principalmente en la protección de derechos fundamentales, la regulación de algoritmos predictivos y los riesgos asociados al reconocimiento facial.

En contraste, países como Perú, Ecuador y Argentina muestran una producción científica más limitada y orientada principalmente al análisis doctrinal y normativo. Estas diferencias sugieren que el desarrollo de la inteligencia artificial en la justicia penal latinoamericana no ocurre de manera homogénea, sino que responde a distintos niveles de madurez tecnológica, capacidad institucional, desarrollo regulatorio y disponibilidad de recursos destinados a la modernización judicial. A pesar de estas diferencias, se evidenció una preocupación común en todos los países frente a la necesidad de compatibilizar los beneficios derivados de la inteligencia artificial con la protección de las garantías procesales y los derechos fundamentales.

No obstante, cabe resaltar que la presente revisión sistemática presentó limitaciones como la restricción temporal a los últimos cinco años. Si bien ello permite capturar desarrollos recientes, excluye antecedentes históricos que podrían contextualizar mejor la evolución de estas tecnologías en la región. Otro aspecto fueron las bases de datos consultadas. Aunque apropiadas para el contexto latinoamericano, excluyen potencialmente otros estudios relevantes que abordan experiencias comparativas o marcos teóricos aplicables a la región. Un último criterio relevante fue la naturaleza interdisciplinaria del tema, que requiere conocimientos tanto jurídicos como tecnológicos y representa un desafío metodológico para la interpretación integral de hallazgos.

Finalmente, cabe mencionar que los resultados plasmados en esta sección revelan que la región latinoamericana se halla en una encrucijada crucial respecto a la incorporación de inteligencia artificial en sus sistemas penales. Por un lado, existe un reconocimiento generalizado de que estas tecnologías ofrecen oportunidades genuinas para modernizar estructuras judiciales históricamente sobrecargadas, agilizar procedimientos que durante décadas han sido criticados por su lentitud y potencialmente reducir ciertos sesgos inherentes a la decisión humana. Sin embargo, resulta paradójico que las mismas herramientas diseñadas para aumentar la objetividad procesal puedan, simultáneamente, convertirse en mecanismos de perpetuación de desigualdades estructurales si no se implementan con salvaguardas rigurosas. La evidencia analizada sugiere que la región enfrenta el riesgo de adoptar acríticamente tecnologías desarrolladas en contextos sociales, jurídicos y culturales distintos, sin la debida adaptación a las particularidades de los sistemas de justicia latinoamericanos y sin considerar que la escasa producción científica hispanoamericana en este campo limita nuestra capacidad de desarrollar soluciones contextualizadas.

Conclusiones

A partir de la presente revisión sistemática se concluye que la inteligencia artificial ha comenzado a integrarse progresivamente en los sistemas penales latinoamericanos, manifestándose en aplicaciones diversas que abarcan la gestión de pruebas digitales, la predicción de decisiones judiciales, el reconocimiento facial, la evaluación de riesgo de reincidencia, la optimización de patrullaje policial y los procesos de resocialización penitenciaria. Estas tecnologías han demostrado en distintos países de América Latina su capacidad para mejorar la eficiencia procesal, reducir la congestión judicial, agilizar tareas administrativas repetitivas y potencialmente optimizar la toma de decisiones mediante análisis de grandes volúmenes de datos.

Sin embargo, vale precisar que su implementación está atravesada por tensiones fundamentales entre la búsqueda de eficiencia y la preservación de garantías fundamentales reguladas a nivel de cada país, así como estándares internacionales. De esta forma, se evidencian riesgos críticos, como la discriminación algorítmica que afecta desproporcionadamente a grupos vulnerables, la opacidad en los procesos decisionales que dificulta el ejercicio del derecho a la defensa, la perpetuación de sesgos sociales históricos, las altas tasas de inexactitud en sistemas de reconocimiento facial y la vulneración potencial del debido proceso, la presunción de inocencia, la igualdad procesal y el derecho a la intimidad.

Los desafíos identificados requieren respuestas integrales que trasciendan ajustes técnicos o normativos aislados debido a que la implementación de la inteligencia artificial en los procesos penales latinoamericanos demanda el desarrollo de marcos regulatorios específicos adaptados a contextos locales, la supervisión humana constante que preserve el criterio judicial en decisiones complejas, la capacitación especializada de operadores jurídicos y políticas públicas que promuevan estrategias de transformación digital que incorporen estándares éticos, mecanismos de control institucional y evaluaciones periódicas de impacto. Por tal motivo, la inteligencia artificial debe mantenerse como una herramienta complementaria de apoyo y no como un sustituto del juicio humano, especialmente en decisiones que afectan bienes jurídicos fundamentales como la libertad, asegurando que la eficiencia tecnológica no erosione las garantías democráticas del Estado de derecho ni comprometa la centralidad de la dignidad humana en la administración de justicia.

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Contribución de autores

- Todas las etapas: Gonzalo David Calderón Enco

- Curación de datos: Gonzalo David Calderón Enco

- Análisis formal: Gonzalo David Calderón Enco

- Adquisición de financiación: Gonzalo David Calderón Enco

- Investigación: Gonzalo David Calderón Enco

- Metodología: Gonzalo David Calderón Enco

- Administración de proyectos: Gonzalo David Calderón Enco

- Recursos: Gonzalo David Calderón Enco

- Software: Gonzalo David Calderón Enco

- Supervisión: Gonzalo David Calderón Enco

- Validación: Gonzalo David Calderón Enco

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- Escritura-borrador original: Gonzalo David Calderón Enco

- Redacción, revisión y edición: Gonzalo David Calderón Enco