Panorama de los delitos ambientales en Latinoamérica en los últimos cinco años: una revisión sistemática
Overview of Environmental Crimes in Latin America Over the Last Five Years: A Systematic Review
John Edvin Cruz Rojas1a
a. Magíster en Gestión Pública.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9872-6509
Neiser Jhonel Rubio Gálvez2b
2. Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú.
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2046-1755
Correspondencia: johncruzrojas7@gmail.com
Contribución de los autores
NJRG: concepción y diseño del artículo, recolección de datos, redacción.
JECR: asesoría estadística y análisis e interpretación de datos, redacción.
Fuentes de financiamiento
La investigación fue realizada con recursos propios.
Conflictos de interés
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
Citar como: Cruz Rojas, J. E., y Rubio Gálvez, N. J. (2025). Panorama de los delitos ambientales en Latinoamérica en los últimos cinco años: una revisión sistemática. Revista jurídica peruana Desafíos en Derecho, 3(1), 1-3. https://doi.org/10.37711/RJPDD.2026.3.1.3
RESUMEN
La presente revisión sistemática tuvo como objetivo general analizar el panorama de los delitos ambientales en Latinoamérica en los últimos cinco años. Metodológicamente, se empleó el enfoque cualitativo y la estrategia PRISMA para seleccionar un total de veintiún artículos de las bases de datos Scopus y Web of Science que permitieron el análisis de la temática mencionada. Los resultados revelan un panorama crítico en Latinoamérica, siendo las principales modalidades el aprovechamiento forestal ilícito, la minería ilegal y el tráfico de vida silvestre. Las tendencias actuales evidencian retroceso regulatorio, incremento de violencia contra defensores ambientales y respuestas institucionales fragmentadas. Los factores socioeconómicos asociados incluyen pobreza y falta de alternativas económicas en sectores vulnerables. Se concluye que existe una brecha sistemática entre marcos normativos y su cumplimiento efectivo, lo cual configura un escenario de impunidad que afecta desproporcionadamente a comunidades vulnerables y demanda transformaciones profundas que aborden los factores estructurales de poder, corrupción y desigualdad social.
Palabras clave: delitos ambientales; crímenes; derecho ambiental; Latinoamérica; derecho penal.
ABSTRACT
This systematic review had as general objective to analyze the panorama of environmental crimes in Latin America over the last five years. Methodologically, a qualitative approach and the PRISMA strategy were employed to select a total of twenty-one articles from the Scopus and Web of Science databases, which allowed the analysis of the aforementioned topic. The results revealed a critical overview in Latin America, being the main forms, illegal logging, illegal mining, and wildlife trafficking. Current trends evidence regulatory setbacks, increased violence against environmental defenders, and fragmented institutional responses. The associated socioeconomic factors include poverty and the lack of economic alternatives in vulnerable communities. It is concluded that there is a systematic gap between regulatory frameworks and their effective compliance, which configures a scenario of impunity that disproportionately affects vulnerable communities and calls for profound transformations to address the structural factors of power, corruption, and social inequality.
Keywords: environmental crimes; crimes; environmental law; Latin America; criminal law.
INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, los delitos ambientales representan una amenaza persistente y de gran escala, con registros de incautaciones entre 2015 y 2021 que documentan el comercio ilegal en 162 países y territorios, lo cual afecta a aproximadamente 4000 especies de plantas y animales (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2024). A pesar de los avances normativos y jurisprudenciales en materia ambiental, persiste una desprotección estructural frente a daños ambientales graves, sistemáticos y transnacionales (Martín Aragón, 2024).
Al respecto Arias Benavides y Etcheverry Carrera (2024) han afirmado que en los últimos años los delitos ambientales se han caracterizado por la expansión de actividades ilegales como la minería no regulada, la deforestación, el tráfico de especies silvestres y la contaminación de recursos hídricos. Esta problemática no solo refleja la persistencia de un modelo extractivista que prioriza el beneficio económico sobre la sostenibilidad, sino que también evidencia las limitaciones estructurales de los sistemas judiciales para investigar, sancionar y reparar eficazmente estos daños (Freitas y Balzan, 2024).
Por su parte, en el ámbito latinoamericano, el desarrollo normativo y político en materia ambiental ha estado fuertemente influido por compromisos internacionales y regionales, tales como la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972) y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992). A lo anterior se suma el reciente Acuerdo de Escazú ( 2018), suscrito por varios países latinoamericanos, que constituye un hito ante la persistencia de altos niveles de impunidad, las limitaciones institucionales para la persecución de delitos ambientales y la violencia contra defensores ambientales. En este sentido, este conjunto de normativas internacionales constituyen una serie de herramientas jurídicas relevantes para mejorar la transparencia, fortalecer los mecanismos de denuncia y garantizar una tutela judicial más efectiva frente a los daños ambientales en la región.
No obstante, esta región ha experimentado un aumento alarmante de los delitos ambientales, caracterizados por la deforestación ilegal, la minería no regulada, el tráfico de especies y el acaparamiento de tierras (Alonso Tapia et al., 2024). Pese a avances normativos significativos, como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en Ecuador, persisten prácticas sistemáticas de explotación ilegal, deforestación, minería irregular y contaminación, que no solo degradan la biodiversidad, sino que, por otro lado, también vulneran los derechos territoriales y culturales de pueblos indígenas y poblaciones locales (Menza Ortega et al., 2024).
De esta forma, se planteó la correspondiente pregunta en relación con la problemática planteada: ¿cuál es el panorama de los delitos ambientales en Latinoamérica en los últimos cinco años? Este planteamiento permitió comprender de manera integral la situación actual de la criminalidad ambiental en una región caracterizada por una alta biodiversidad, pero también por intensos procesos de explotación de recursos naturales, conflictos socioambientales y desigualdades estructurales.
Mientras que, respecto al objetivo general, se dirigió a analizar el panorama de los delitos ambientales en Latinoamérica en los últimos cinco años. Y, de manera complementaria, se plantearon los siguientes objetivos específicos: identificar las principales modalidades de delitos ambientales en Latinoamérica en los últimos cinco años; describir las tendencias actuales en torno a los delitos ambientales en Latinoamérica en los últimos cinco años; y examinar los factores socioeconómicos relacionados con los delitos ambientales en Latinoamérica en los últimos cinco años.
Lo anterior se respalda por medio del Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, el cual busca fortalecer el apoyo global para combatir el furtivismo, el tráfico de especies protegidas y la contaminación ambiental (Gómez Isa, 2022). No obstante, la persistente fragmentación legislativa, la corrupción en las agencias de control y la escasa cooperación judicial interfronteriza han creado un entorno de bajo riesgo y alta rentabilidad para los perpetradores (Conopoima Moreno, 2023).
Esta investigación se justifica en la necesidad de comprender la forma en que se han configurado los delitos ambientales en América Latina en los últimos años. Cabe resaltar que esta región presenta un escenario de intensa explotación de recursos naturales, expansión de actividades ilícitas y afectación recurrente a comunidades vulnerables. Por ello, si bien existen estudios y reportes dispersos, aún falta una mirada integrada que describa las principales modalidades delictivas, sus tendencias recientes y los factores socioeconómicos que las explican, lo que dificulta una respuesta coherente por parte del sistema de justicia y de las políticas públicas. En ese sentido, la presente revisión sistemática busca ofrecer un diagnóstico actualizado que visibilice la magnitud del fenómeno, identifique vacíos de conocimiento y aporte insumos útiles para fortalecer la protección penal del ambiente y los derechos de las poblaciones afectadas.
Respecto al desarrollo teórico que respalda la presente investigación, cabe mencionar que, desde la segunda mitad del siglo XX, y con mayor intensidad en las últimas décadas, la doctrina penal ha comenzado a hablar de derecho penal ambiental como un subsistema especializado, caracterizado por una fuerte impronta preventiva, una elevada complejidad técnico-científica y una estrecha vinculación con el derecho internacional ambiental y los compromisos asumidos por los Estados en materia de desarrollo sostenible (Torres y Velandia, 2022). En este contexto, los delitos ambientales se configuran como un conjunto de herramientas de ultima ratio frente a la insuficiencia de los mecanismos administrativos, civiles o meramente económicos para contener fenómenos como la deforestación masiva, la minería ilegal, el tráfico de especies o la contaminación industrial persistente (Vucetich Huaracallo et al., 2025).
Así, el estudio de los delitos ambientales exige partir de una concepción del medioambiente como bien jurídico de carácter colectivo, difuso y supraindividual, cuya protección resulta indispensable para la preservación de la vida, la salud pública y las condiciones materiales de existencia de las generaciones presentes y futuras (Rojas Vizcarra, 2025). En el plano dogmático, los delitos ambientales se definen como aquellas conductas típicas, antijurídicas y culpables que causan un daño grave o un riesgo significativo al equilibrio de los ecosistemas, a la biodiversidad o a los recursos naturales, y que por su especial lesividad han sido objeto de una respuesta penal cualificada (Mendoza Escalante y Mendoza Rojas, 2024). A diferencia de otras figuras ilícitas que tutelan bienes individuales, la criminalidad ambiental se orienta a salvaguardar un interés común que trasciende fronteras estatales y se vincula estrechamente con el derecho humano a un medioambiente sano, reconocido por diversos sistemas de protección de derechos humanos (Cabrera Guirao y Correa Robles, 2022).
La evolución teórica y normativa sobre delitos ambientales muestra una tendencia hacia la ampliación de la responsabilidad penal, incorporando no solo a personas naturales, sino también a personas jurídicas, especialmente empresas que participan en cadenas de extracción, producción o comercialización con impacto ambiental significativo (Matallín Evangelio, 2022). Ello responde a la constatación de que muchas de las conductas más lesivas son ejecutadas en el marco de organizaciones complejas, con capacidad económica y poder de influencia, lo que exige instrumentos penales capaces de desincentivar prácticas corporativas dañinas (Torres Fernández et al., 2021).
Otro eje teórico relevante es el análisis de la criminalidad organizada y de carácter económico asociada a los delitos ambientales, las cuales afectan a todos los individuos en general que coexisten dentro de un determinado espacio geográfico (Moreno Oliver y Paredes Infanzón, 2024). A diferencia de la visión tradicional centrada en el infractor individual, en la realidad latinoamericana muchas de estas conductas se llevan a cabo dentro de entramados complejos de extracción, transporte y comercialización. Dichas estructuras operan con altos volúmenes de recursos y se articulan con circuitos y mercados internacionales, como en el tráfico de madera, el comercio ilícito de especies o la minería de oro (Castro Salazar et al., 2023).
De esta forma, los delitos ambientales y el bien jurídico que protegen se inscriben en una visión contemporánea del derecho penal, orientada a salvaguardar bienes colectivos de alta relevancia y a responder a amenazas estructurales que comprometen tanto el entorno natural como la vigencia real de los derechos humanos (Tapia Liendo, 2022).
Sin lugar a dudas, esto ha llevado a la doctrina a dialogar con la criminología verde y con los estudios sobre delincuencia organizada, subrayando que los delitos ambientales no son meros “daños colaterales” del desarrollo, sino actividades altamente lucrativas que compiten con otras formas de criminalidad económica (Martínez Pérez y Ramírez González, 2021). De allí surge la necesidad de enfoques penales que integren herramientas como el decomiso ampliado, la persecución de activos, la cooperación judicial internacional y la responsabilidad de personas jurídicas, así como medidas de investigación financiera y patrimonial.
MÉTODOS
La presente investigación fue de tipo cualitativo, puesto que este enfoque busca comprender fenómenos sociales o humanos mediante el uso de herramientas de interpretación que permiten comprender la complejidad de las realidades sociales mediante un proceso inductivo y holístico (Montero Ramírez, 2024). A su vez, se hizo uso de la estrategia PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), la cual es una declaración metodológica basada en evidencia que establece un conjunto mínimo de elementos para la elaboración y reporte transparente de revisiones sistemáticas y metaanálisis (Espinoza-Freire, 2025).
Por otra parte, la recopilación de información se llevó a cabo en bases de datos académicas de reconocido prestigio, como Scopus y Web of Science, empleando combinaciones de palabras clave “(delitos AND ambientales) OR (crimes AND environmental)” vinculadas con la temática de estudio. Como criterios de inclusión para esta revisión sistemática, se consideraron artículos científicos publicados en los últimos cinco años, es decir, entre 2021 y 2025, que abordaran los delitos ambientales en Latinoamérica. Solo se seleccionaron trabajos con acceso abierto al texto completo y que guardaran una relación directa con el objetivo de la investigación. En cuanto a los criterios de exclusión, se eliminaron artículos duplicados, estudios sin disponibilidad de texto completo, investigaciones con una antigüedad superior a cinco años y aquellos que no trataran de manera específica y directa la temática de la presente revisión sistemática.
A continuación, en la Figura 1 se expone el procedimiento seguido para la selección de los artículos incluidos en el presente estudio, lo que finalmente dio como resultado veintiún trabajos que contribuyen al cumplimiento del objetivo establecido en esta revisión sistemática.
Por otra parte, con el propósito de fortalecer el rigor metodológico de la presente revisión sistemática y reducir el riesgo de incorporar evidencia de baja calidad, se realizó una evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos mediante la herramienta ROBINS-I (Risk Of Bias In Non-randomized Studies of Interventions). Esta evaluación consideró aspectos relacionados con la selección de los estudios, la calidad de la información reportada, la consistencia metodológica, la interpretación de resultados y la posibilidad de sesgos derivados de la evidencia disponible. La Figura 2 presenta la síntesis de la evaluación efectuada sobre los veintiún artículos seleccionados.
Los resultados de la evaluación mediante ROBINS-I evidencian que la mayoría de los estudios presentan un riesgo de sesgo bajo o moderado, lo que respalda su inclusión en la revisión. No obstante, se identificaron posibles fuentes de sesgo relacionadas con la selección exclusiva de artículos indexados en Scopus y Web of Science, así como una marcada concentración de investigaciones realizadas en Brasil, lo que podría limitar la representatividad regional de los hallazgos. Asimismo, algunos estudios se basan en fuentes documentales e institucionales susceptibles a sesgos de información. Pese a ello, la coincidencia de resultados entre investigaciones de distintos contextos fortalece la consistencia de la evidencia analizada.
RESULTADOS
Los veintiún artículos que cumplieron con los criterios de inclusión fueron clasificados de acuerdo con la Tabla 1 en cuanto a los siguientes aspectos: (1) autor y año, (2) base de datos, (3) país y (4) hallazgo principal.
La Tabla 1 sintetiza los principales hallazgos identificados en los veintiún estudios seleccionados. Con el propósito de facilitar la lectura y comparación entre investigaciones, se presentan únicamente los resultados centrales de cada trabajo, mientras que el análisis detallado de sus conclusiones se desarrolla en los apartados posteriores correspondientes al objetivo general y a los objetivos específicos de la revisión sistemática.
En cuanto a la distribución temporal, se identificaron cuatro publicaciones en 2021, tres en 2022, dos en 2023, nueve en 2024 y tres en 2025. Estos resultados evidencian un incremento significativo del interés académico durante 2024, año que concentró el mayor número de investigaciones sobre delitos ambientales en Latinoamérica.
Por otra parte, en la Tabla 2 se agruparon los países en los que se desarrollaron los artículos referidos a la temática de investigación, tal como se muestra a continuación.
De acuerdo con la Tabla 2, se aprecia una clara predominancia de estudios sobre delitos ambientales realizados en Brasil, país en el que se identificaron diez artículos, lo que representa el 47.62 % del total. En segundo lugar, México concentra cuatro artículos (19.05 %), seguido de Colombia con tres artículos (14.29 %). Por su parte, Chile aporta dos artículos (9.52 %). Finalmente, se registró un artículo (4.76 %) con enfoque en países latinoamericanos y un estudio adicional (4.76 %) desarrollado en Uruguay.
Ahora bien, respecto del objetivo general referido al panorama latinoamericano en torno a los delitos ambientales, los hallazgos obtenidos a partir de la revisión sistemática de veintiún estudios evidencian un escenario crítico caracterizado por la impunidad sistemática, la debilidad institucional y la convergencia entre criminalidad ambiental y otras formas de delincuencia organizada. Le Clercq y Cedillo (2022) caracterizaron la situación mexicana como un panorama crítico de impunidad ambiental, donde la incapacidad institucional para investigar, sancionar y reparar delitos y daños ambientales se ha convertido en un patrón recurrente que no se limita a figuras legales tipificadas, sino que incluye megaproyectos, extracción desregulada de recursos, conflictos socioambientales y ataques a defensores ambientales.
Mientras que Oliveira y Braga (2023) ilustran la brecha sistemática entre marcos normativos aparentemente robustos y su aplicación práctica, especialmente cuando los infractores son actores corporativos con capacidad económica para evadir responsabilidades. En cuanto a Iglesias Rossini (2024), señaló que Uruguay carece actualmente de una tipificación específica de delitos ambientales en su Código Penal, existiendo solo un delito ambiental aislado fuera de este. Por su parte, Vera Vega y Mayer Lux (2024) identificaron que el nuevo sistema chileno de delitos ambientales, establecido por la Ley N.° 21.595, presenta casuismo excesivo que dificulta la aplicación efectiva a conductas graves como la contaminación acústica, la introducción de especies depredadoras o la responsabilidad por omisión.
Desde una perspectiva dogmática, Melo Reghelin (2022) argumentó que la protección efectiva del medioambiente como derecho difuso e intergeneracional exige la adopción de la categoría del delito de peligro abstracto en el derecho penal ambiental. Complementariamente, Roque (2024) analizó la posibilidad de aplicar el principio de insignificancia a los delitos ambientales de acumulación, concluyendo que sería posible únicamente bajo el criterio de la “reprobabilidad del comportamiento”.
En cuanto al primer objetivo específico dirigido a identificar las principales modalidades de delitos ambientales en Latinoamérica, García Jiménez & Vargas Rodríguez (2021) documentaron cómo la deforestación masiva en el occidente de México resulta de la pasividad gubernamental, la impunidad y la infiltración del crimen organizado en la industria forestal, donde la falta de aplicación de leyes ambientales, la reducción de presupuestos para instituciones clave y las redes de corrupción han permitido que grupos criminales controlen la tala ilegal. De igual forma, Cabrera Suárez (2023) identificó un alto índice de aprovechamiento forestal ilícito en Colombia, impulsado por factores socioeconómicos como la pobreza, el desplazamiento forzado y la falta de alternativas económicas para las comunidades locales.
Por su lado, Cerón Rincón y Sierra-Zamora (2025) documentaron que la Amazonía enfrenta un aumento significativo de actividades del crimen organizado transnacional, como la minería ilegal y el narcotráfico, lo cual genera vacíos de poder y debilita la gobernanza estatal. Esta situación se inscribe en lo que de Souza-Lima et al. (2024) denominaron una “necropolítica socioambiental”, evidenciando un aumento significativo de delitos ambientales en la Amazonía Legal que incluyen deforestación, incendios forestales, minería ilegal e invasiones de territorios indígenas.
Asimismo, Carpio Domínguez et al. (2025) evidenciaron que la capacidad policial para combatir el tráfico de vida silvestre en Tamaulipas se ve severamente limitada por la priorización de delitos de alto impacto social como el narcotráfico, la falta de conocimiento sobre procedimientos ambientales, la corrupción y la influencia del crimen organizado. Sumado a ello, Esparza Rodríguez et al. (2025) identificaron que la gobernanza de delitos contra la vida silvestre en México presenta graves deficiencias estructurales, caracterizadas por baja eficiencia presupuestaria, altos niveles de impunidad y una alarmante disminución en las tasas de condena.
Respecto al segundo objetivo específico dirigido a describir las tendencias actuales en torno a los delitos ambientales en Latinoamérica, Saad-Diniz & Gianecchini (2021) analizaron cómo el desmantelamiento regulatorio ambiental promovido durante el Gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil intensificó la victimización ambiental y social. Y, a su vez, Clerici et al. (2024) identificaron que, a medida que aumenta la deforestación, también se incrementan los episodios de crímenes, amenazas y acoso (ECTH) contra defensores ambientales, especialmente aquellos vinculados a actividades agrícolas. Además, los hallazgos sugieren la existencia de una “curva de Kuznets de delitos ambientales”, donde el tipo y la magnitud de los delitos varían según el nivel de desarrollo socioeconómico y la gobernanza local.
De acuerdo con Santos et al. (2021), las respuestas institucionales fragmentadas e insuficientes constituyen una tercera tendencia que trasciende contextos nacionales específicos, identificando una alta incidencia de delitos contra la fauna cometidos principalmente por hombres jóvenes con baja escolaridad y una falta de participación ciudadana en las denuncias. Asimismo, Ruiz Arias (2021) argumentó que la aporofobia se manifiesta en el derecho penal al favorecer a los delincuentes de cuello blanco y afectar de manera desproporcionada a las víctimas más desfavorecidas de los delitos ambientales.
En el contexto amazónico brasileño, Benoit Costa et al. (2024) revelaron cómo los planes de manejo forestal sostenible, cuando son mal utilizados, actúan como vectores para encubrir madera de origen ilegal, identificando irregularidades técnicas y legales significativas que incluyen el movimiento fraudulento de créditos madereros, los problemas en la cadena de custodia, el transporte irregular y la explotación forestal no autorizada.
En relación con el tercer objetivo específico dirigido a examinar los factores socioeconómicos relacionados con los delitos ambientales en Latinoamérica, Nahon da Costa et al. (2024) encontraron que los factores socioeconómicos y demográficos, como el nivel de ingresos, la densidad poblacional y el grado de educación, están significativamente asociados con la comisión de crímenes ambientales. Sumado a lo anterior, Vallejos et al. (2024) concluyeron que la pesca furtiva es un delito organizado y adaptativo que involucra actores especializados, tecnología avanzada y un mercado negro bien establecido, identificando como factores clave las ganancias económicas, la demanda del mercado, las condiciones ambientales y las debilidades en la vigilancia.
Frente a esta problemática, Gonçalves Ribeiro et al. (2024) propusieron replantear las herramientas jurídicas y criminológicas para enfrentar la degradación ambiental perpetrada principalmente por Estados y corporaciones. Mientras que Mendonça Magliano (2022) señaló que la valoración económica de daños ambientales es esencial para aplicar el principio de “quien contamina paga”, pero persisten desafíos significativos como la falta de métricas claras, la ausencia de metodologías estandarizadas y la escasa experiencia institucional.
La síntesis de estos hallazgos permite comprender que los delitos ambientales en Latinoamérica constituyen un fenómeno complejo que no puede reducirse a acciones individuales desviadas, sino que responde a factores estructurales profundos que incluyen la desigualdad socioeconómica, la captura corporativa del Estado, la debilidad institucional y la impunidad sistemática. Las modalidades identificadas comparten características comunes: su creciente profesionalización y vinculación con el crimen organizado, su capacidad para generar ganancias económicas significativas con riesgos relativamente bajos, y su tendencia a afectar desproporcionadamente a poblaciones vulnerables.
Las tendencias emergentes resultan particularmente preocupantes, especialmente el retroceso regulatorio y el incremento de violencia contra defensores ambientales, lo cual sugiere que algunos contextos nacionales experimentan procesos de deterioro en sus capacidades institucionales y voluntad política para enfrentar estos delitos. Los factores socioeconómicos identificados demandan una comprensión matizada que reconozca que, mientras la pobreza explica la participación de sectores vulnerables en ciertos delitos, los de mayor escala e impacto son perpetrados por actores corporativos y criminales organizados que operan con complicidad estatal, lo que exige respuestas diferenciadas que aborden tanto el desarrollo alternativo para comunidades vulnerables como el fortalecimiento institucional genuino para enfrentar la criminalidad ambiental corporativa y organizada.
Por otro lado, en cuanto a las limitaciones de esta investigación, la búsqueda se restringió a dos bases de datos: Web of Science y Scopus, lo que pudo haber generado sesgo de publicación, al excluir investigaciones relevantes difundidas en literatura gris, informes técnicos o revistas no indexadas. Asimismo, si bien la delimitación temporal a los últimos cinco años capturó tendencias recientes, limitó el contexto histórico sobre la evolución de los delitos ambientales regionales. Además, la dependencia de datos secundarios implica que esta revisión está sujeta a las limitaciones, los sesgos y la calidad metodológica de los estudios primarios incluidos, sin posibilidad de verificar independientemente los datos originales.
Finalmente, una limitación relevante de la presente revisión radica en la distribución geográfica de los estudios incluidos, puesto que, del total de investigaciones analizadas, el 47.6 % corresponde a Brasil, mientras que el resto se concentra en México, Colombia y Chile. Esta situación evidencia una producción científica desigual sobre delitos ambientales en la región y sugiere que parte importante de las tendencias identificadas refleja problemáticas particularmente desarrolladas en el contexto brasileño, especialmente aquellas vinculadas con la Amazonía, la deforestación y la minería ilegal. En consecuencia, si bien la revisión permite identificar patrones comunes presentes en Latinoamérica, sus resultados deben interpretarse con cautela, reconociendo que el panorama regional disponible se encuentra condicionado por la mayor producción académica de determinados países y por la limitada evidencia proveniente de otras naciones latinoamericanas.
Conclusiones
La presente revisión sistemática permite concluir que los delitos ambientales en Latinoamérica han evolucionado hacia formas cada vez más complejas y organizadas, caracterizadas por la convergencia entre actividades económicas ilícitas, debilidad institucional y altos niveles de impunidad. Más que fenómenos aislados, estos delitos constituyen expresiones de gobernanza ambiental deficiente que afectan de manera diferenciada a los países de la región y comprometen la protección efectiva de los recursos naturales y de las comunidades vulnerables.
Asimismo, los hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización ambiental, la cooperación transfronteriza frente al crimen organizado ambiental y la especialización de los operadores del sistema de justicia en materia ambiental. En términos de política pública, resulta prioritario implementar estrategias integrales que combinen prevención, control, sanción y restauración ambiental, especialmente en territorios con alta incidencia de minería ilegal, deforestación y tráfico de vida silvestre.
Finalmente, se recomienda que futuras investigaciones amplíen el análisis hacia países latinoamericanos con escasa producción científica sobre la materia, incorporen estudios empíricos comparados y evalúen la eficacia de las políticas públicas y de los sistemas de persecución penal ambiental, con el fin de generar evidencia que contribuya al diseño de respuestas más efectivas frente a la criminalidad ambiental en la región.
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